1.Vulnerabilidad y aumento del riesgo de corrupción en la pandemia
En Colombia y en muchos países del mundo se ha declarado el estado de emergencia con el fin de hacer frente al COVID-19. La pandemia exige agilizar la disponibilidad de recursos para poder tomar medidas excepcionales de prevención y erradicación de la pandemia: necesidad de fortalecer la infraestructura de salud, obtención de pruebas y medicamentos, ayudas económicas destinadas a las empresas, subsidios para las personas más vulnerables, entre otros.
El 19 de marzo, el Dr. José Andrés O´Meara Riveira, Director General de la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- anunció que la Entidad emitió tres (3) conceptos de suma importancia, a través de los cuales, informa a las entidades contratantes y a los contratistas del Estado, sobre las figuras jurídicas a implementar para ejecutar el gasto público en época de coronavirus, sin paralizar el mercado de contratación estatal.[1]
Mecanismos como la contratación directa por urgencia manifiesta son susceptibles de aumentar del riesgo de corrupción, al igual que la adopción de medidas excepcionales y expeditas para la contratación pública, con miras a satisfacer el aumento de la demanda de bienes y servicios, y financiar las medidas de choque dictadas por los gobiernos en el marco del estado de excepción. De igual manera, han aumentado las donaciones de entes públicos y privados, se han constituido fondos de solidaridad destinados a hacer frente a la crisis y los Estados han aumentado la contratación con organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales para hacer frente al COVID-19.
Adicionalmente, cabe resaltar que en Colombia, el sector salud es uno de los más vulnerables a la corrupción, considerando la complejidad del esquema de financiación y provisión de servicios de salud, así como la multiplicidad de actores involucrados. El Gobierno Nacional, en el informe de la Comisión Nacional de Moralización, instancia constituida por el presidente de la República, los órganos de control, la Fiscalía y la Secretaría de Transparencia, entre otros, estableció que una de sus prioridades consistía en promover la lucha contra la corrupción en el sector salud, a través de mecanismos como el Acuerdo Punto Final, destinados a garantizar el buen uso de los recursos de seguridad social y la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo.[2] Además, el sector salud contempla el aseguramiento de varios derechos y principios fundamentales, y enfrenta un alto riesgo de corrupción y de sobrecostos que inciden en la sostenibilidad financiera y en la calidad de la prestación del servicio, que en consecuencia perjudican la adecuada, oportuna y transparente gestión de los recursos y regulación de la compra, entrega y provisión de medicamentos.
En conclusión, en la actual coyuntura de crisis generada por la pandemia, el riesgo de corrupción aumenta considerablemente, pudiendo convertirse en un factor que lamentablemente contribuya a afectar el buen funcionamiento del sistema de salud, que se torna esencial en esta coyuntura pues es el sector clave para salvar vidas y hacer frente al COVID-19
2. El impacto de la corrupción en la garantía de los derechos fundamentales
El fenómeno de la corrupción debe analizarse desde varias perspectivas, ya que tradicionalmente se ha establecido que la misma afecta el principio de la moralidad administrativa y el uso debido de los recursos públicos.
No obstante, desde una perspectiva multidimensional, entidades como la CIDH han analizado el impacto de la corrupción sobre la democracia, el Estado de Derecho y, particularmente sobre el goce y ejercicio de los derechos humanos en el continente. La Comisión publica este informe en diciembre de 2019 en el entendido de que la corrupción es un complejo fenómeno que afecta el goce y ejercicio de los derechos humanos; que debilita la gobernabilidad y las instituciones democráticas, fomenta la impunidad, socava el Estado de Derecho y exacerba la desigualdad. La CIDH destaca la importancia de desarrollar e implementar, en los distintos niveles de gobierno, una serie de políticas públicas que permitan consolidar una estrategia integral de lucha contra la corrupción con enfoque de derechos humanos. El objetivo de estas medidas es el fortalecimiento institucional, el control y la disminución de los espacios de discrecionalidad, la rendición de cuentas y monitoreo sobre las actividades públicas.[3]
La corrupción constituye un flagelo para la sociedad y afecta directamente los derechos y principios fundamentales, en especial el derecho a la vida, a la dignidad humana y a la salud, este último en sus elementos esenciales, a saber: disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.[4]
Durante la pandemia, se torna de suma importancia garantizar la transparencia, al igual que adoptar medidas para prevenir la corrupción y garantizar el uso eficiente de los recursos públicos destinados a prevenir y combatir la pandemia.
El buen uso de estos recursos es fundamental para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios del Estado en época de crisis, en especial el servicio de salud. Además, estos recursos están destinados a hacer frente a la pandemia, por lo cual su destinación se relaciona directamente con la protección de los derechos fundamentales de los individuos, como el derecho a la vida, a la salud, a la alimentación, los cuales son esenciales para garantizar el bienestar general de la sociedad y para cumplir con los fines del Estado y con las medidas excepcionales tomadas en los estados de emergencia.
3. Informe de Transparencia Internacional «Contrataciones públicas en estados de emergencia: Elementos mínimos que los gobierno deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que realicen durante las contingencias»
Trece organismos de la sociedad civil de América Latina, que constituyen la Fuerza Conjunta de los capítulos latinoamericanos de Transparencia Internacional, publicaron el informe titulado “Contrataciones públicas en estados de emergencia”[5], en el que se desarrollan los elementos mínimos que los gobiernos deben considerar para asegurar la integridad de las adjudicaciones que se realicen durante la contingencia, teniendo en cuenta que esta situación propicia la manipulación de información y genera las condiciones para el uso inadecuado de fondos y fideicomisos de emergencia o presupuestos extraordinarios.
Las medidas que se recomienda al Estado adoptar con el fin de prevenir la corrupción y promover la transparencia y el buen uso de los recursos públicos son las siguientes:
- Transparencia y datos abiertos. Los recursos destinados a la emergencia y su uso deben ser informados en su totalidad, de forma continua, oportuna, veraz y verificable y en lenguaje ciudadano. Máxima apertura en la información de las contrataciones públicas.
- Administración de los recursos. El presupuesto designado para atender las emergencias y contingencias deberá ser administrado bajo los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia e imparcialidad, y deberán asegurar las mejores condiciones para el Estado, en cualquier nivel de gobierno. Identificación plena de los recursos utilizados y los responsables de su ejecución.
- Rendición de cuentas. Adicional a los mecanismos de transparencia en tiempo real, los gobiernos deben informar al término de la emergencia sobre los resultados del ejercicio de los recursos. Amplia rendición de cuentas pública sobre los recursos utilizados y su destino.
- Garantizar la competencia económica. Los gobiernos deben evitar que en sus procedimientos de contratación para atender la emergencia se propicie la concentración o acaparamiento ya sea para la adquisición de bienes o contratación de servicios de consumo necesario durante la contingencia por fuerza mayor. Activación de mecanismos pro-competencia.
- Seguimiento al gasto público durante la contingencia. Las organizaciones señalan que es necesario que los presupuestos extraordinarios sean revisados bajo medidas extraordinarias que garanticen la eficiencia e integridad en el uso de los recursos, por lo que deberán implementar mecanismos de vigilancia adicionales a los que prevén las leyes de los gobiernos nacionales y locales. Fiscalización en tiempo real.
4. Conclusión
La transparencia en
la toma de decisiones de los gobiernos es esencial para asegurar que los
recursos se orienten de manera efectiva para aliviar los impactos en la salud
de los ciudadanos y en las economías locales, con miras a garantizar los
derechos fundamentales, adoptar de forma eficiente las medidas tomadas en el
marco de los estados de excepción y hacer frente a la pandemia.
[1]Colombia Compra Eficiente: https://www.colombiacompra.gov.co/content/covid-19
[2] Informe de la Comisión Nacional de Moralización, 21 de agosto de 2019.
[3] Inter-American Commission on Human Rights. Corrupción y derechos humanos: Estándares interamericanos : Aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 6 de diciembre de 2019 / Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
[4] Observación general Nº 14 (2000). “El derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud”, (artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales) E/C.12/2000/4, 11 de agosto de 2000. Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Comité de Derechos económicos, sociales y culturales.
